Tras la reducción de las redes bancarias es necesario facilitar el acceso al efectivo sin costosas inversiones, aprovechando nuestra red más extensa y próxima a los ciudadanos como son los comercios.
En los últimos 15 años la banca se ha enfrentado a crisis inmobiliarias, de liquidez y entornos de tipos negativos, a las que ha sobrevivido migrando la relación con sus clientes al mundo digital y reduciendo el número de sucursales. En este periodo se han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias y la cuarta parte de los cajeros automáticos, siguiendo necesarios criterios de rentabilidad.
Una consecuencia de esta transformación es que el 55% de municipios españoles (1,6 millones de personas) no tienen acceso al efectivo. Soluciones alternativas, como ofibuses o acuerdos con otros operadores, tienen un alcance limitado por cobertura o coste.
Existen soluciones, muy arraigadas en países de nuestro entorno, basadas en la entrega de efectivo en los comercios, ya sea directamente o como parte de una compra. Estas soluciones tienen claras ventajas, tanto en costes como en cobertura, frente a la instalación de cajeros en poblaciones en que ya han sido deficitarios. En España ya existen fórmulas similares, con alcance todavía limitado.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala la necesidad de adoptar un marco legal que impulse fórmulas como el ‘cashback’ en comercio y le atribuye un gran potencial para aumentar el acceso al efectivo.
La banca se ha enfrentado a crisis, fusiones y un entorno adverso con el cierre de oficinas y cajeros
La crisis del sector financiero, los procesos de concentración y la situación del sector bancario con un entorno de tipos de interés negativos ha hecho que las entidades busquen mejorar la rentabilidad y mejoren su eficiencia.
Desde 2008 se han cerrado en España 22.363 oficinas, lo que supone más de la mitad de las existentes en ese año.
El cierre ha afectado tanto a las grandes ciudades como a los pueblos, pero con diferentes efectos.
Los analizamos:
El cierre no ha sido homogéneo por provincias. Las hay como Barcelona, Tarragona, Girona, Palencia, Castellón, Valladolid, Alicante, Pontevedra u Orense donde el porcentaje de cierres supera el 60%, mientras que en otras como como Cuenca (20,9%), Ciudad Real (30,3%) o Teruel (31,8%) tienen porcentajes mucho menores.
Desagregando estos datos dentro de cada provincia se observa que el impacto también ha sido diferente en función de la concentración en pueblos mayores o la mayor dispersión en el territorio. Actualmente hay 4.400 municipios (el 55%) en los que viven 1,6 millones de personas sin oficina bancaria. La situación es especialmente llamativa en Castilla y León, donde el 80% de los municipios no tienen ninguna oficina. En muchos casos la sucursal más cercana se encuentra a 12 kilómetros del pueblo.
A esto, habría que añadir los pueblos donde existe una única sucursal bancaria, con los problemas de falta de competencia que esto supone. Sólo Caixabank tiene 400 oficinas en pueblos donde son la única entidad (en muchos casos obligada por el regulador como consecuencia de una fusión).
Según datos del BCE y Eurostat, en España, esta reducción de oficinas ha supuesto que el número de las mismas por habitantes haya pasado de tener 96 oficinas por cada 100.000 habitantes en 2009 a 47 en 2020. Esto supone que cada una de ellas tiene asignados el doble de clientes de los que tenía hace pocos años.
De forma paralela al cierre de oficinas, las entidades bancarias han reducido el número de cajeros automáticos. La banca ha reducido el número de estos hasta contar con menos terminales de los que había hace 20 años. Desde 2008, fecha en la que existían 61.714 máquinas, se han retirado 13.633 cajeros automáticos. Según la estadística publicada por el Banco de España, al cierre del tercer trimestre de 2021 existían 48.081 cajeros, lo que supone 1.400 menos que a finales de 2020, y 1.795 menos que en 2002.
La explicación de las entidades para esta reducción, al igual que para el cierre de las oficinas y reducción de plantillas, es que se debe a la necesidad de ahorrar costes y ajustar su estructura para obtener rentabilidad ante el entorno de bajos tipos de interés.
El poder atender a un mayor número de clientes se compensa por la digitalización. Las aplicaciones a través de la web y móviles de las entidades bancarias permiten a los clientes realizar ellos mismos la mayoría de las operaciones, reduciendo, de manera drástica, el tener que ir físicamente a la sucursal. Sin embargo, esto no es tan sencillo en el caso de las personas mayores que no disponen de los conocimientos digitales necesarios.
Según datos publicados por el Banco de España en septiembre de 2021, hay una media de 1,7 oficinas para atender a cada 1.000 ciudadanos mayores de 60 años. Este dato contrasta con el que existía en 2008 donde la cifra era 4,7 oficinas por cada mil mayores de 60 años.
Si analizamos el dato por provincias existen ciertas diferencias significativas entre unas y otras. El territorio con un menor número de oficinas por cada 1.000 mayores de 60 años es Pontevedra (1,1), seguido de Tarragona (1,2), A Coruña, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife (1,3). En el lado opuesto se sitúan territorios como Teruel, Cuenca o Huesca, por encima de tres sucursales. Estas provincias coinciden con la mayor implantación las Cajas Rurales que han mantenido en mayor medida su implantación territorial, especialmente en municipios de menor población.
El proceso de cierre de oficinas bancarias no ha finalizado. Durante 2021 se cerraron más de 3.000 oficinas y se recortaron 12.100 empleos en España. Entre 2019 y 2021, las entidades bancarias redujeron entre el 13% y el 40% el número de sucursales, y entre el 2% y el 18% su plantilla, en función de sus estructuras y necesidades, con algunas excepciones que aumentaron su plantilla.
La previsión es que la reducción del número de oficinas se mantenga en los próximos años, por criterios de eficiencia y rentabilidad y por el aumento de capacidades digitales.
Existe un problema importante de acceso al efectivo
El cierre de oficinas y la reducción del número de cajeros automáticos está provocando un importante problema en numerosos municipios que no tienen ningún punto de acceso a efectivo, como se refleja en el Informe del Banco de España sobre “Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España”. El informe indica que hay 1.400.000 personas que no tienen un punto de acceso a efectivo. Esta cifra se ha visto incrementada a 1,6 millones de habitantes por los cierres realizados durante 2021.
La situación es muy desigual por provincias: mientras que en seis provincias españolas (entre las que se encuentran Vizcaya, Tenerife o Cádiz y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla) el 100 % de los habitantes disponen de una oficina bancaria o de un cajero en un radio de 5 km, Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia, con Zamora y Ávila como las provincias que presentan menores ratios de población con un punto tradicional de acceso al efectivo cercano.
Estos números pueden parecer bajos en términos relativos (el 3,5% de la población en España carece de acceso a una sucursal), pero suponen 1,6 millones de personas con problemas para acceder al efectivo, más graves en algunas comunidades autónomas. Además, se da la paradoja de que es precisamente en las zonas rurales sin oficinas bancarias donde los ciudadanos más las necesitan. Se trata, en general, de zonas agrícolas con escasa población y muy envejecida, donde buena parte de los habitantes pertenece a un grupo de edad que tiene más difícil el acceso a los canales digitales de los bancos y para los que el acceso al efectivo sigue siendo muy importante.
Según el citado Informe del Banco de España, las provincias castellanoleonesas son las que cuentan con un mayor número de personas en situación de alta vulnerabilidad en el acceso al dinero en efectivo: en Zamora el 18,7%, en Ávila el 13,6%, en Salamanca el 10,6%, en Palencia el 9,1%, en Soria el 8,6% y en León el 7,8%.
Se han implantado soluciones alternativas, con éxito limitado. En algunas zonas rurales existen desde hace años soluciones como las oficinas móviles u ofibuses que se desplazan por los pueblos donde no existen oficinas bancarias. Se puede destacar el Ofibus de Bankia (absorbida por CaixaBank) que en 2020 dio servicio a 250.000 personas residentes en 373 municipios. No obstante, estas oficinas móviles son una solución limitada, tanto por el tiempo limitado que permanece el ofibus como por sus limitaciones para el acceso a efectivo.
Algunas entidades financieras están impulsando el uso de la red de oficinas de Correos como medio alternativo para disponer de servicios financieros. En septiembre de 2020 Correos anunció un acuerdo con el
banco Santander para ofrecer servicios bancarios básicos en toda España a través de los 4.675 puntos de atención. También existe el anuncio de instalar cajeros automáticos en 1.200 de sus oficinas, de estos, 300 se instalarán en pequeñas poblaciones de zonas rurales.
La Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) también ha llegado a un acuerdo con Prosegur Cash para instalar 100 cajeros automáticos en edificios de titularidad municipal en los municipios pequeños con mayores necesidades de la Comunidad Autónoma. Igualmente existen iniciativas similares en otras Comunidades autónomas.
Sin embargo, estas medidas no parecen la solución definitiva. Y es que un cajero automático es un dispositivo muy caro y que precisa de mucho mantenimiento. Sólo para mantenerlo operativo se precisan
1.000 € mensuales y se necesitan 56 retiradas de efectivo diarias para pagar el mantenimiento, cosa que en pueblos pequeños no parece probable que se produzca. De hecho, ese es el motivo de que se eliminaran, que no eran rentables. Lo que quiere decir que la apertura de nuevas oficinas y cajeros será muy probablemente ineficiente y deficitaria. Ineficiencia que en última instancia acabará pagando el cliente bancario.
La innovación, la mejor solución
Y en este punto es cuando, de nuevo, es la innovación la que viene a ayudar. Y ya está empezando a resolver el problema. Aunque las entidades bancarias han desaparecido de los pueblos pequeños, no lo van a hacer establecimientos como supermercados, farmacias, gasolineras, estancos, despachos de lotería… Por pequeño que sea el pueblo siempre dispondrá de un supermercado ¿Y si pudiéramos sacar dinero directamente en el comercio o la farmacia? Esto ya es posible.
Esta operación se denomina ‘cashback’ o ‘cash-in-shop’, en función de si se saca dinero a la vez que se realiza una compra, o si solo se saca dinero, sin vincularlo a una compra. Su uso está muy extendido en países de nuestro entorno, en los que se utiliza desde hace décadas y es un sistema cómodo para el usuario e integrado en sus usos habituales.
El ‘cashback’ tiene varias ventajas respecto a las iniciativas ya comentadas de acceso al efectivo. La primera de ellas es que la solución no requiere costosas inversiones como las oficinas o los cajeros, porque la infraestructura utilizada es la existente en el comercio. Sólo requiere una aplicación en el móvil, o, como en algunos países cercanos, una tarjeta. La segunda es la cobertura prácticamente universal de los comercios, ya que es difícil encontrar un pueblo que no cuente con bar, tienda, supermercado… y, por último, no depende de las redes bancarias y de comisiones cruzadas entre bancos en función de acuerdos bilaterales, como los cajeros, sino que introduce nuevos jugadores en el mercado, que lo dotan de mayor competencia y por tanto precios más competitivos.
En España ya existen varias redes que facilitan el servicio de ‘cashback’, alguna de ellas con más de
30.000 puntos de comercio adheridos, y más de 3 millones de clientes bancarios. Su extensión a la industria bancaria y al comercio en general contribuiría de forma eficaz, eficiente y no deficitaria a solucionar el problema del efectivo.
La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en su “Estudio sobre la retirada de efectivo en cajeros automáticos” (E/CNMC/003/21), tras constatar la reducción sostenida de cajeros automáticos en los últimos quince años, y su impacto en las zonas rurales (55% de municipios y 3% de la población sin servicio de efectivo), señala la necesidad de adoptar un marco legal que impulse fórmulas como el ‘cashback’ y el ‘cash-in-shop’, mucho más desarrollados en otros países europeos y con gran potencial para aumentar el acceso al efectivo.
Esperemos que los sistemas alternativos de acceso al efectivo sigan desarrollándose a buen ritmo, y que pronto contemos con un marco regulatorio que fomente y dé seguridad a todos los actores de estos sistemas. Nuestro entorno rural, y el no tan rural, lo agradecerán.